La educación no es un lujo, es un derecho. Así lo dispone la Constitución Española en su artículo 27. Por eso, no se entiende por qué cada vez hay más familias que no pueden asumir el desembolso económico que supone enviar a sus hijos a la escuela. Ante esta situación, la solución del Gobierno es cambiar la ley de educación anterior – ya van 7 en 35 años de democracia. Pero ¿responde esta nueva ley a las necesidades de la mayoría de la población?
Si leemos el primer párrafo del preámbulo de la nueva ley orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), quizás podamos pensar que el Gobierno está preocupado en mejorar la calidad educativa y ayudar aquellas familias que pasan serias dificultades económicas cada vez que comienza un nuevo curso:
Los alumnos son el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos los alumnos tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento. Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país. Por ello, todos y cada uno de los alumnos serán objeto de una atención, en la búsqueda de desarrollo del talento, que convierta la educación en el principal instrumento de movilidad social, ayude a superar barreras económicas y sociales y genere aspiraciones y ambiciones realizables para todos. Para todos ellos esta Ley Orgánica establece los necesarios mecanismos de permeabilidad y retorno entre las diferentes trayectorias y vías que en ella se articulan.
La intenciones parecen buenas, pero la realidad es bien distinta: las ayudas para la compra de libros han desaparecido. Esta partida se ha reducido de 20 a 1,44 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 y, según los datos oficiales, 600.000 niños perdieron el curso pasado estas subvenciones, una cifra que el Defensor del Pueblo eleva a 1,1 millones de alumnos. No es de extrañar que ante esta situación muchas familias se vean en la obligación de acudir a asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro en busca de ayuda.
Lejos de aportar una solución a este problema, la entrada en vigor de la LOMCE supone un cambio de libros, que afectará el próximo curso escolar a primero, tercero y quinto de Primaria. En total, la nueva ley supondrá revisar los contenidos de más de 150 materias y redactar los de las asignaturas nuevas. Según la Ceapa, este cambio de libros les va a suponer a las familias al menos 200 millones de euros en el nuevo curso: una media de 150 euros por alumno.
Otros de los contrasentidos de esta nueva ley de educación es que a pesar de apostar por fomentar los sistemas de reutilización y reciclaje del material escolar, con este cambio, las familias no podrán acceder a la opción de intercambiar los libros de texto del año anterior. Y teniendo en cuenta que los bancos de libros han sido la salvación para muchas familias que, sin becas, ni ayudas, no podían hacer frente al pago del material escolar, con este cambio, quedan inutilizados.
De nuevo se trata de una ley con muchas promesas, pero con pocos recursos para aquellos “alumnos que tienen un sueño” , cada vez más difícil de alcanzar.
